Las ciudades y conglomerados urbanos resultan ser los espacios donde se definen las políticas públicas en materia de seguridad y donde son llevadas a la práctica. Más allá de las políticas nacionales de seguridad pública, las áreas metropolitanas son los lugares donde se ejercen estas medidas para prevenir y reducir la violencia. 

El crecimiento urbano ha traído aparejado el incremento de la desigualdad, los delitos, la violencia y la inseguridad. Ante mayor densidad poblacional y la carencia y/o deficiencia en la planificación urbana, se da mayor segmentación, segregación y exclusión de la población. A su vez, las zonas urbanas también encuentran amenazas como las del crimen organizado y los grandes grupos delictivos que impactan muy negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos.

Latinoamérica mantiene las tasas más altas de delitos violentos a nivel global, como homicidios, secuestros, robos con armas y violencia de género. La percepción de inseguridad en la ciudadanía latinoamericana es equiparable con países que tienen conflictos armados, por ello la seguridad ciudadana se ha convertido en un tema prioritario para la agenda regional y uno de los principales desafíos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (PNUD, 2020).

Los gobiernos locales en nuestro país, más allá de las competencias formales, asumen “de hecho” el rol en materia de seguridad dado que son los principales destinatarios de la demanda de políticas de seguridad por parte de la ciudadanía. 

Si bien las autoridades locales carecen de facultades y responsabilidades en torno a la aplicación de la ley penal y del manejo de las fuerzas de seguridad, resultan ser el centro de imputación de la demanda social, por lo cual existe por parte de los municipios un mayor involucramiento en las estrategias de seguridad. Esto se debe, entre otras cuestiones, al cambio de enfoque de seguridad pública a seguridad ciudadana, y a la transformación de la violencia en el territorio como consecuencia de las urbanizaciones. 

El presente curso pretende abordar las dimensiones de la violencia y el delito, las políticas de prevención y la seguridad y la introducción de componentes locales en el diseño de las mismas, como medidas y experiencias de prevención comunitaria. Así como también estudiar experiencias comparadas de ciudades que han abordado este fenómeno de manera coordinada entre todos los distritos que componen su área metropolitana.